Preguntas frecuentes

El proceso de reorganización busca preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o de pasivos. Es un mecanismo previsto en la legislación colombiana (Ley 1116 de 2006) para que una empresa que atraviesa dificultades financieras reorganice sus obligaciones y adopte las medidas necesarias para recuperar su capacidad de operación y atender ordenadamente sus compromisos.

No estamos cerrando la compañía. Estamos utilizando un mecanismo legal para reorganizar nuestras obligaciones, fortalecer la empresa y continuar operando.

No. La legislación colombiana distingue entre el proceso de reorganización y el proceso de liquidación judicial. La reorganización tiene precisamente como finalidad procurar la recuperación de la empresa viable y la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias. «Quiebra», «liquidación» y «reorganización» son cosas distintas, aunque a veces se usen como sinónimos.

No. Iniciar un proceso de reorganización no produce ninguna consecuencia automática de cierre. El objetivo de la reorganización es precisamente preservar la empresa y su operación: la compañía continúa desarrollando sus actividades.

Conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 1116 de 2006, están sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas, de carácter privado o mixto, no excluidas en el artículo 3 de dicha norma, así como las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.

Sí. La compañía continúa desarrollando sus actividades dentro del marco de las reglas aplicables al proceso de reorganización. La continuidad operacional es un elemento fundamental para la recuperación de la empresa, y la continuidad de clientes, trabajadores y proveedores es prioritaria para lograrla.

No necesariamente. La compañía continuará desarrollando las operaciones necesarias para el funcionamiento de su negocio, de acuerdo con la legislación aplicable y con las condiciones particulares de cada relación contractual. Cuando existan circunstancias especiales, cada contrato se analiza individualmente.

La reorganización no implica automáticamente la terminación de las relaciones contractuales. La continuidad y el tratamiento de cada contrato dependen de sus condiciones particulares, de la fecha de causación de las obligaciones y de las reglas aplicables al proceso.

El proceso de reorganización, por sí mismo, no significa una suspensión automática de los servicios. Si alguna situación particular llegara a afectar una relación contractual, será comunicada directamente por las áreas responsables.

Sí. Los clientes deben continuar atendiendo las obligaciones a su cargo conforme a los contratos y facturas correspondientes. Las instrucciones sobre cuentas, facturación y medios de pago siguen siendo las comunicadas oficialmente por la compañía.

No necesariamente. La entrada en reorganización no significa que todos los contratos deban modificarse. Cualquier modificación contractual se evalúa individualmente.

El promotor es un auxiliar de la justicia designado por el juez del proceso concursal. Actúa como agente de mediación entre la deudora y los acreedores, y desempeña las actividades que le imponen la ley y el juez, entre ellas la elaboración de los Proyectos de Calificación y Graduación de Créditos y de Determinación de Derechos de Voto. Puede ser un tercero designado de una lista de auxiliares de la justicia o el representante legal de la compañía, según el caso.

El proceso se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades. La administración de la compañía continúa a cargo de la propia sociedad, dentro de las facultades que le corresponden y sujeta a las reglas y controles establecidos por el régimen de insolvencia.

La ordenada en la Circular Externa N.º 100-000004 del 31 de mayo de 2013 o sus circulares modificatorias. Adicionalmente, dentro de los 10 primeros días de cada trimestre a partir del inicio de la negociación deben mantenerse a disposición de los acreedores —en la página electrónica de la concursada, si la tiene, y en la de la Superintendencia de Sociedades o cualquier otro medio idóneo— los estados financieros básicos actualizados, la información relevante para evaluar la situación del deudor y llevar a cabo la negociación, y el estado actual del proceso.

Depende de las diferentes etapas procesales, la situación de las acreencias, las objeciones que puedan presentarse, las negociaciones con los acreedores y la eventual aprobación del acuerdo de reorganización. Como referencia general, este tipo de procesos puede tardar entre 18 y 24 meses.

El proceso tiene diferentes etapas y términos legales. La compañía informará oportunamente los hitos relevantes a través de los canales oficiales.

Se dará apertura al proceso de liquidación judicial, con los efectos legales que ello implica.

El propósito del proceso actual es precisamente la recuperación de la empresa y la continuidad de su operación. La compañía está trabajando para alcanzar una solución de reorganización sostenible. La liquidación solo procede si el acuerdo no llega a aprobarse.

No. «Quiebra» no es un término de la legislación colombiana vigente. La compañía atraviesa una situación financiera que hizo necesario acudir al mecanismo de reorganización empresarial, que es un mecanismo legal de recuperación y no equivale a una liquidación.